Economía política del gas, renta de recursos naturales y responsabilidad social en industrias extractivas

La extracción de hidrocarburos no renovables genera rentas sustanciales dado que el costo de producción se mantiene muy por debajo del precio de mercado, lo que en Bolivia representó el 1,85 % del PIB en 2021 tras descontar costos operativos (The Global Economy, 2025). La economía política del gas analiza la asignación de dichas rentas entre el Estado, las empresas estatales, privadas y las comunidades, así como el impacto de las instituciones y las relaciones de poder en la exploración, la explotación y la distribución de beneficios (Aresti, 2016).

Durante los años noventa, la Ley de Hidrocarburos 1689 de 1996 abrió el sector a la inversión privada, promoviendo un modelo orientado a incentivos fiscales y contractuales para atraer capital extranjero; sin embargo, en 2006 el Decreto de Nacionalización impulsado por el ex presidente Morales revirtió esta política. Como resultado de estas reformas, el “government take” llegó a oscilar entre el 50 y 82% de los ingresos del sector, uno de los más elevados de la región, lo cual desincentivó nuevas exploraciones y provocó incertidumbre entre los inversionistas. Entre 2016 y 2023 la producción de gas se redujo de 15,08 a 12,93 MMmc/año, profundizando la presión sobre la renta fiscal. Al mismo tiempo, la creciente oposición de comunidades locales en áreas protegidas como Tariquía ha evidenciado la urgencia de integrar mecanismos efectivos de responsabilidad social y consulta previa en la gobernanza del sector (Graham, 2024).

Bajo este contexto, la teoría de la “maldición de los recursos” postula que una abundancia de recursos naturales, si no se gestiona con políticas contracíclicas y mecanismos de ahorro e inversión adecuados, puede desencadenar distorsiones macroeconómicas, como la llamada enfermedad holandesa; aumentar la volatilidad de los ingresos fiscales y erosionar las instituciones públicas, afectando negativamente el crecimiento a largo plazo (Corden & Neary, 1982; Sachs & Warner, 2001).

En Bolivia, el auge gasífero de mediados de los años 2000 facilitó la expansión de políticas sociales que contribuyeron a reducir la pobreza del 37% en 2002 al 21% en 2012, según evaluaciones del Banco Mundial, si bien estas intervenciones se financiaron principalmente con renta hidrocarburífera de corto plazo, sin reservar fondos suficientes para la exploración futura (World Bank. IEG, 2015). Las transferencias de recursos provenientes de hidrocarburos llegaron a representar aproximadamente el 24% del PIB en 2013, cayendo al 14 % en 2019 ante la disminución de la producción y la caída de precios internacionales, evidencia clara de la exposición fiscal ante la volatilidad del mercado global.

Pese a los elevados ingresos obtenidos, la proporción destinada a la reinversión en exploración y desarrollo del sector energético se mantuvo por debajo del 3% del PIB anual, lo cual intensificó las tensiones intertemporales propias de la economía política de recursos: la priorización del gasto social de corto plazo limitó la capacidad de sostener la producción futura (Endegnanew & Tessema, 2019). Este patrón de asignación subóptima revela la necesidad de fortalecer los esquemas de gobernanza de la renta gasífera mediante la creación de fondos de estabilización fiscal, la adopción de reglas presupuestarias contracíclicas y la incorporación de criterios de responsabilidad social y ambiental que mitiguen la dependencia del ciclo de precios de los hidrocarburos y favorezcan un desarrollo energético sostenible (Aresti, 2016).

Un elemento fundamental en la gobernanza de los recursos naturales es la soberanía estatal sobre los hidrocarburos consagrada en el artículo 364 de la Constitución Política del Estado de 2009, que otorga a YPFB la propiedad y el control de las actividades de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos. Tras la nacionalización, el sector pasó de un régimen de concesiones plenas a contratos de prestación de servicios y asociaciones estratégicas en los que el Estado mantiene al menos el 51% del capital social, asegurando así un control directo sobre las operaciones. No obstante, la titularidad estatal de la renta extractiva no garantiza resultados sostenibles si no se acompaña de mecanismos sólidos de transparencia y rendición de cuentas, tal como promueve la adhesión a la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITE, 2025). Pese a los avances en la divulgación de datos fiscales y contractuales, los informes de evaluación identifican brechas en la implementación efectiva de estos estándares y en la inclusión de la sociedad civil en la fiscalización.

La ausencia de un fondo de estabilización fiscal que acumule excedentes en periodos de precios altos agrava la prociclicidad del gasto público y expone al presupuesto a la volatilidad internacional. Estudios comparados recomiendan la creación de reservas contracíclicas y la asignación de una parte de la renta a inversión en capital humano e infraestructura productiva, prácticas que aún están subdesarrolladas en Bolivia. Esta debilidad institucional facilita la apropiación discrecional de recursos, fenómeno ilustrado por las dinámicas de clientelismo observadas en proyectos como el de Tariquía, donde el reparto de beneficios se ha ligado a lealtades políticas locales (Graham, 2024).

Asimismo, la falta de reinversión sustancial en exploración y desarrollo ha contribuido al estancamiento de la capacidad productiva y a la disminución de las reservas certificadas, comprometiendo la sostenibilidad a largo plazo del sector hidrocarburífero (NRGI, 2017). Para afrontar estos retos, resulta imprescindible fortalecer instituciones de auditoría independientes, garantizar la consulta previa en territorios indígenas según estándares internacionales y adoptar marcos presupuestarios basados en reglas contracíclicas que promuevan la diversificación económica y la protección ambiental.

La responsabilidad social empresarial en el sector extractivo adquiere una dimensión crítica debido a los impactos socioambientales que provoca la explotación de petróleo y gas en ecosistemas sensibles como la Amazonía y territorios indígenas. Este enfoque comprende prácticas voluntarias de las empresas destinadas a mitigar efectos ambientales, promover el desarrollo local y mantener un diálogo permanente y respetuoso con las comunidades afectadas (EPCM, 2025). En Bolivia, la ausencia de un marco legal que imponga obligaciones específicas de RSE ha dejado estas iniciativas supeditadas a la discreción empresarial y a cláusulas contractuales negociadas por YPFB, lo que genera heterogeneidad en su alcance y ejecución (NRGI, 2025).

La presión social sobre las petroleras ha crecido desde los acontecimientos del “Gasolinazo” y la “Guerra del Gas” a comienzos de los años 2000 hasta los reclamos actuales por una mayor redistribución de beneficios locales, incluidos incrementos en regalías departamentales y obras comunitarias. La teoría de la licencia social para operar demuestra que las compañías que invierten en legitimidad social, mediante procesos de consulta previa, compensaciones justas y proyectos comunitarios, reducen significativamente los riesgos de conflictos y paralizaciones de proyectos. En el caso boliviano, aunque YPFB y sus socios han implementado programas educativos, sanitarios y de infraestructura a través de proyectos como “Gas para Escuelas” financiado por la CAF, persisten desafíos en la construcción de confianza y en la percepción de equidad en la distribución de la renta extractiva (CAF, 2007).

En resumen, el presente estudio articula un marco teórico que integra de manera sinérgica la economía política del gas, centrada en las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad respecto a la renta hidrocarburífera, la teoría de la renta de recursos naturales y sus riesgos asociados cuando se gestiona de forma inadecuada, así como los principios de responsabilidad social y sostenibilidad aplicables a la explotación de hidrocarburos. Partiendo de esta base conceptual, es posible emplear un análisis crítico para develar las causas estructurales de la problemática boliviana actual, como la retracción de la inversión exploratoria y la fragilidad fiscal, de tal manera de orientar el diseño de políticas públicas integrales que equilibren la eficiencia económica con la equidad social y la protección ambiental.