GEOPOLÍTICA DE LA REFINACIÓN E INTERNALIZACIÓN DEL MARGEN INDUSTRIAL: UN MARCO ESTRATÉGICO DE RESILIENCIA ENERGÉTICA PARA BOLIVIA

La actual inestabilidad del mercado internacional de combustibles revela una transformación estructural que trasciende las fluctuaciones convencionales del precio del petróleo. La vulnerabilidad energética contemporánea ya no puede interpretarse exclusivamente como un problema de disponibilidad de crudo en las fases de exploración y producción. Una parte creciente del riesgo se ha desplazado hacia la capacidad de transformación industrial, la localización geográfica de las refinerías, la disponibilidad de infraestructura logística y la resiliencia de las cadenas de suministro internacionales. En este contexto, la actividad de refinación vuelve a adquirir una dimensión estratégica, porque determina qué economías pueden convertir el petróleo disponible en combustibles efectivamente consumibles y cuáles permanecen expuestas a precios, fletes y márgenes industriales definidos fuera de sus fronteras.

Esta perspectiva permite reconsiderar críticamente la interpretación según la cual las economías occidentales habrían incurrido simplemente en una suerte de ingenuidad estratégica al reducir, cerrar o reconvertir la capacidad tradicional de refinación. Tal lectura identifica correctamente una pérdida de resiliencia, pero simplifica las racionalidades económicas que condujeron a ese proceso. Durante años, la asignación de capital respondió a exigencias ambientales estrictas, mayores costos regulatorios, políticas de descarbonización, la presión de los inversionistas y las expectativas de una reducción progresiva del consumo de combustibles fósiles. Desde una racionalidad microeconómica, muchas de esas decisiones resultaban justificables. En consecuencia, el problema estratégico no radicó necesariamente en la transición energética, sino en haber subestimado el valor de la opción que representa conservar la capacidad industrial crítica frente a escenarios de elevada incertidumbre geopolítica.

La crisis de refinación evidencia una tensión fundamental entre la eficiencia estática y la resiliencia dinámica. Un sistema energético altamente internacionalizado puede minimizar costos en condiciones de estabilidad, pero puede elevar considerablemente su exposición cuando confluyen conflictos militares, interrupciones logísticas, cierres de instalaciones y restricciones comerciales. Las afectaciones a la infraestructura rusa, las tensiones en corredores marítimos estratégicos y la reducción de la capacidad convencional en determinadas economías desarrolladas muestran que la seguridad energética no depende únicamente del volumen agregado de petróleo disponible. Depende también de la redundancia industrial, de la flexibilidad operativa y de la posibilidad de sustituir rápidamente a los proveedores, las rutas y las instalaciones de procesamiento. Por tanto, la refinación deja de ser una actividad industrial secundaria para convertirse nuevamente en un componente central de la resiliencia energética y de la autonomía operativa.

Desde una segunda dimensión analítica, la vulnerabilidad descrita adquiere relevancia económica al examinarla a través de los márgenes internacionales de refinación. En escenarios caracterizados por “crack spreads” excepcionalmente elevados, el precio internacional de un combustible terminado refleja no solo el valor del petróleo que contiene, sino también una prima significativa asociada a su transformación, a su disponibilidad inmediata, al transporte y al riesgo logístico. Desde esta perspectiva, la comparación económicamente pertinente ya no consiste simplemente en determinar si resulta más barato importar petróleo o diésel. La decisión requiere establecer qué alternativa minimiza el costo económico integral de abastecimiento, tras considerar los rendimientos de refinación, los costos logísticos, la calidad del crudo, el consumo energético de las plantas de refinación, la utilización de la capacidad instalada, la disponibilidad de divisas y el valor de los coproductos obtenidos.

La estructura descrita adquiere especial relevancia en Bolivia, donde convergen tres restricciones: la declinación de los líquidos domésticos, la creciente dependencia de combustibles importados y la subutilización de la capacidad instalada de refinación. Esta configuración genera una paradoja industrial: el país enfrenta restricciones de abastecimiento y elevadas necesidades de divisas mientras mantiene activos de refinación parcialmente subutilizados. La existencia de capacidad ociosa modifica sustancialmente la ecuación económica, porque convierte la importación de crudo en una estrategia potencial para sustituir el valor agregado externo por el procesamiento doméstico. En lugar de adquirir en el exterior la totalidad del servicio industrial incorporado en cada litro importado, parte de ese valor puede internalizarse mediante infraestructura, empleo, operaciones y servicios nacionales.

En este marco, el Decreto Supremo 5701 puede interpretarse como algo más que una respuesta coyuntural al déficit de combustibles. Su relevancia económica radica en habilitar un mecanismo de sustitución de insumos en la cadena de valor energética. La posibilidad de importar petróleo crudo, procesarlo internamente y comercializar sus derivados bajo condiciones específicas introduce una alternativa frente al modelo basado predominantemente en la adquisición internacional de productos terminados. Asimismo, la alícuota temporal de cero bolivianos por litro del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados, dentro de este régimen, busca reducir las barreras económicas que podrían impedir la viabilidad del procesamiento doméstico. No obstante, el potencial de la medida dependerá menos de su formulación normativa que de su capacidad para superar las restricciones técnicas, cambiarias y logísticas.

Precisamente en este punto emerge la principal limitación de una interpretación excesivamente optimista. Importar crudo no genera automáticamente ahorro de divisas ni garantiza una mayor disponibilidad de diésel. Cada refinería presenta una configuración tecnológica determinada (esquema de refinación) y, por tanto, requiere una alimentación compatible con sus unidades de destilación, reformación, conversión y tratamiento. La densidad API, el contenido de azufre, la curva de destilación y la proporción de fracciones medias, entre otros factores, condicionan el rendimiento final. Un petróleo aparentemente barato puede convertirse en una opción económicamente inferior si genera una baja producción de destilados demandados, requiere tratamientos adicionales o produce excedentes de fracciones de menor valor. El verdadero arbitraje debe efectuarse en función del rendimiento económico del barril procesado y no únicamente de su precio de adquisición.

En consecuencia, una propuesta de valor consistiría en conceptualizar la política boliviana mediante un Modelo Estratégico de Internacionalización de Margen de Refinación (MEIMR). Este enfoque plantea que el objetivo central no debería limitarse a sustituir el diésel importado por petróleo importado, sino a capturar, de forma doméstica, la mayor proporción posible del margen industrial actualmente pagado a proveedores externos. El indicador relevante sería el requerimiento neto de divisas por barril equivalente comercializable (RNDBEC), tras incorporar el precio del crudo, el transporte internacional, la logística interna, el costo de refinación, el rendimiento por producto, los ingresos por coproductos y el eventual costo fiscal. Esta métrica permitiría comparar objetivamente la importación de combustibles terminados con distintas alternativas de procesamiento en el país.

El modelo requeriría una arquitectura de optimización de crudos y de logística. Por lo tanto, Bolivia debería seleccionar las cargas de alimentación según criterios técnico-económicos vinculados a la configuración real de sus refinerías y no exclusivamente al menor precio FOB disponible. Paralelamente, la logística de recepción, almacenamiento y transporte tendría que analizarse como parte integral de la decisión. La ventaja del procesamiento nacional podría desaparecer si los costos asociados a terminales, ductos, transporte terrestre, inventarios y pérdidas operativas superan el margen capturado. En consecuencia, la seguridad energética debería evaluarse mediante un enfoque sistémico en el que la refinación, el transporte, el almacenamiento, la disponibilidad cambiaria y la demanda final formen parte de una única función de optimización.

Una segunda innovación consistiría en introducir esquemas de procesamiento por cuenta de terceros o “tolling”. Bajo esta modalidad, operadores privados podrían importar determinadas cargas de crudo y contratar capacidad de refinación disponible mediante una tarifa explícita de procesamiento. Tal estructura permitiría distribuir riesgos entre el Estado y el sector privado, reducir la presión directa sobre las necesidades públicas de divisas y mejorar la utilización económica de los activos estatales existentes. Para evitar distorsiones, este mecanismo requeriría reglas transparentes sobre el acceso a las instalaciones, las tarifas de procesamiento, la asignación de capacidad, la propiedad de los productos y las obligaciones de abastecimiento. De implementarse adecuadamente, la infraestructura pública dejaría de ser exclusivamente un centro de costos para convertirse en una plataforma industrial generadora de servicios.

Una tercera dimensión corresponde a la política de precios. La viabilidad de cualquier estrategia de refinación depende de la relación entre los costos económicos reales, los precios internos y los subsidios. Mantener señales completamente desconectadas de los costos de importación puede generar incentivos incompatibles con la sostenibilidad financiera del sistema. Sin embargo, una liberalización indiscriminada podría trasladar impactos regresivos a hogares y sectores productivos sensibles. La alternativa consiste en avanzar hacia una arquitectura dual y focalizada que distinga entre la protección social, el abastecimiento estratégico y los consumidores con mayor capacidad económica. De esta forma, la eficiencia energética y la equidad distributiva dejarían de plantearse como objetivos necesariamente contradictorios.

Desde una perspectiva de política pública, la principal contribución del enfoque propuesto consiste en trasladar el debate de la simple disponibilidad física de combustibles a la creación y captura de valor a lo largo de la cadena energética. Una economía vulnerable no fortalece su seguridad únicamente acumulando inventarios o diversificando proveedores. También la fortalece al preservar capacidades industriales, desarrollar flexibilidad logística y mantener opciones tecnológicas capaces de responder a perturbaciones externas. La experiencia boliviana ofrece, en este sentido, un laboratorio especialmente relevante para analizar cómo una economía importadora de combustibles, con restricciones de divisas y capacidad de refinación ociosa, puede reconfigurar su estrategia mediante la sustitución de insumos, la internalización del procesamiento y la redistribución del riesgo entre actores públicos y privados.

En consecuencia, la crisis internacional de refinación obliga a superar dos simplificaciones. La primera consiste en atribuir la vulnerabilidad occidental exclusivamente a decisiones ambientales equivocadas. La segunda supone que importar petróleo y refinarlo en el país será siempre más barato que importar combustibles terminados. Ambas proposiciones contienen elementos válidos, pero resultan incompletas. La ventaja estratégica surge únicamente cuando la capacidad industrial doméstica, la calidad del crudo, la logística, el financiamiento, la estructura fiscal y los precios internos se articulan en una estrategia coherente. Para Bolivia, el DS 5701 abriría precisamente esa ventana de oportunidad. Su mayor potencial no reside en importar un barril diferente, sino en transformar la estructura mediante la cual se crea, captura y distribuye el valor económico de ese barril. Bajo esta lógica, la refinación deja de concebirse como un rezago de la economía fósil y se reposiciona como una infraestructura estratégica capaz de fortalecer la resiliencia energética, reducir determinadas presiones cambiarias y ampliar la capacidad de respuesta ante choques externos.