El debate en torno a Mayaya

El debate en torno a Mayaya revela con nitidez la brecha entre el discurso político y las condiciones técnicas reales de la exploración y el desarrollo de hidrocarburos en Bolivia. Desde una perspectiva profesional, Mayaya debe entenderse como un descubrimiento geológico relevante, aún distante de un proyecto comercial. El pozo descubridor confirma la existencia de un sistema petrolero funcional y de hidrocarburos in situ, pero no existe todavía una declaratoria de comercialidad respaldada por reservas probadas, un modelo de reservorio consistente y un plan de desarrollo viable en términos económico-financieros.

La transición desde la fase exploratoria hacia un proyecto comercial exige, como mínimo, la perforación y evaluación del pozo MYC-X2 y, previsiblemente, de un tercer pozo de delimitación. Solo entonces será posible validar volúmenes recuperables, comportamiento dinámico del yacimiento y balances económicos que integren CAPEX de perforación, facilidades de superficie, ductos y costos operativos. En un escenario realista, un horizonte de producción estable antes de finalizar la década resulta muy exigente, dadas la profundidad de los pozos y la complejidad geográfica del Subandino Norte.

La comercialidad de Mayaya no dependerá solo del tamaño del reservorio, sino del costo total de llevar gas y condensados a planta y mercado. El desarrollo de nueva infraestructura de procesamiento y transporte hacia zonas como Caranavi o Palos Blancos, y su eventual conexión a redes troncales, implica inversiones significativas, por lo que la métrica crítica será el costo por unidad de energía efectivamente entregada. En cuanto al destino de la producción, la lógica sugiere priorizar la demanda interna: gas orientado a generación termoeléctrica regional y condensados destinados a reducir parcialmente las importaciones de gasolina y diésel, condicionado a la adecuación de la capacidad de refino y al impacto de precios subsidiados, que erosionan los márgenes de rentabilidad y condicionan la bancabilidad de proyectos intensivos en capital.

En este contexto, el caso Mayaya reabre la discusión sobre la necesidad de reformar el marco regulatorio y fiscal, mediante procesos de concertación amplios, ajustes cuidadosos a la normativa sectorial y señales creíbles de estabilidad e igualdad de trato para los inversionistas. El rol de YPFB es decisivo: sin una reestructuración profunda de su gobernanza, de los mecanismos de selección de cuadros y de sus procesos de decisión técnica, proyectos de alta complejidad seguirán expuestos a retrasos y sobrecostos. La profesionalización de la empresa estatal y la gestión estratégica del portafolio exploratorio son condiciones tan críticas como la calidad geológica del recurso. En síntesis, Mayaya constituye una oportunidad estratégica y, al mismo tiempo, una prueba de coherencia para la política energética boliviana. Solo una aproximación que separe expectativas electorales de realidades técnicas e integre geología, ingeniería, economía y gobernanza permitirá determinar si este descubrimiento puede transformarse en un proyecto comercial sostenible y de impacto duradero para el país.