YPFB y la secuenciación intertemporal de reformas

El debate contemporáneo, reactivado por propuestas que impulsan la eliminación inmediata de la subvención a los combustibles, exige desplazar la atención del dilema binario hacia el diseño de la implementación que haga gobernable la transición. En un contexto de declive productivo y elevada dependencia importadora, la viabilidad de reordenar la operación descansa en una secuencia macroeconómica y regulatoria verosímil, sustentada en reglas previsibles y en una institucionalidad capaz de preservar la continuidad del suministro, anclar expectativas y contener riesgos de captura. Bajo este encuadre se presenta la necesidad de un diagnóstico estructural, del cual se deriven las condiciones de política que permiten articular una reforma concebida como política de Estado.

El diagnóstico de una crisis terminal en YPFB, análoga en su arquitectura institucional a la implosión de COMIBOL en 1985, se mantiene sólido a la luz de la evidencia disponible y del desempeño reciente del sector. La contracción persistente de la producción de gas, el derrumbe de las exportaciones, subsidios a combustibles que consumen recursos fiscales cuantiosos y una escasez crónica de divisas han situado al complejo hidrocarburífero en el centro de la inestabilidad macroeconómica. En este marco, la estrategia deja de apoyarse en un gradualismo basado en concesiones administrativas y avanza hacia un curso de acción de mayor exigencia que combina el cierre ordenado de unidades estructuralmente deficitarias, la desvinculación del personal excedente y la optimización del portafolio de activos mediante la transferencia operativa a gestores privados bajo contratos de desempeño estrictos de refinerías y otras unidades de la cadena hidrocarburífera. Este viraje solo es defendible si se formula como política de Estado con objetivos verificables, salvaguardas de interés público y una narrativa de transición que evite que la reestructuración sea percibida como una suma de liquidaciones dictadas por la urgencia.

Desde esta premisa, el primer punto crítico reside en la secuenciación macroeconómica, que debe articular disciplina fiscal, seguridad de abastecimiento y credibilidad nominal. El cierre de empresas inviables y la transferencia operativa de refinerías alivian los balances de YPFB, pero no resuelven la restricción fundamental: la insuficiencia de materia prima local y la dependencia creciente de combustibles importados. La experiencia comparada muestra que cuando la reconfiguración se adopta tempranamente y se acompaña de una hoja de ruta creíble para reponer reservas, estabilizar el tipo de cambio y desmontar de manera gradual y preanunciada los subsidios, las expectativas se reordenan, el contrabando pierde atractivo y el deterioro de reservas internacionales se atenúa. Si, por el contrario, la misma agenda se posterga, el ajuste se torna abrupto y defensivo, la base fiscal y externa se debilita, los subsidios se vuelven crecientemente rígidos en términos políticos y la ciudadanía interpreta el paquete como un ajuste de salida más que como un proyecto de transformación con horizonte. En ese escenario tardío, mantener un ancla cambiaria artificial y subsidios dilapidadores, aun después de cerrar empresas y transferir la gestión de activos, prolonga el drenaje de reservas y la fragilidad externa, al tiempo que reduce el margen político para desplegar compensaciones efectivas.

El segundo eje problemático se ubica en la dimensión laboral y en la arquitectura de gobernanza, donde el tiempo también es determinante. La sobredotación de personal y los mecanismos de captura política tornan comprensibles, desde una perspectiva técnica, la depuración de nóminas y el cierre de unidades crónicamente deficitarias. Sin embargo, un programa de desvinculaciones masivas adoptado cuando el gobierno ya ha erosionado su capital político multiplica la probabilidad de conflictividad y reactiva memorias traumáticas de la relocalización minera de los años ochenta, además de alimentar lecturas críticas de reformas patrimoniales de la década siguiente. Para evitar ese desenlace, la legitimidad de la transferencia operativa y del ingreso de gestores privados requiere la creación temprana de un Fondo de Transición Justa con gobernanza independiente, financiado por una fracción explícita del ahorro en subsidios y de las rentas derivadas de los activos reconfigurados. El mandato debe abarcar indemnizaciones transparentes, reconversión profesional hacia cadenas energéticas emergentes, apoyo a emprendimientos productivos y movilidad territorial, con instrumentos operativos capaces de mostrar resultados en plazos políticamente relevantes.

La consistencia del proceso depende además de un andamiaje regulatorio robusto, instalado desde el primer tramo y blindado frente a presiones coyunturales. Sin una autoridad regulatoria independiente con capacidad sancionatoria, procedimientos de selección competitivos y transparencia contractual integral, el cierre de unidades y la transferencia de gestión corren el riesgo de sustituir la captura política por captura privada de rentas estratégicas. La separación rigurosa de funciones entre el Estado propietario, el regulador y los operadores, junto con cláusulas de desempeño exigibles, reglas de reconocimiento de costos vinculadas a paridades de importación y esquemas de reparto de riesgos no discrecionales, es condición necesaria para alinear incentivos a lo largo de la cadena, resguardar la continuidad operativa y proteger el interés público frente a la volatilidad internacional.

En coherencia con el argumento central, la respuesta de mayor valor público no puede reducirse a una intervención fiscal de corto aliento, sino que exige configurarse como un Pacto Energético de Reconversión Justa, definido con antelación suficiente para ordenar expectativas y funcionar como hoja de ruta vinculante durante todo el período gubernamental. Este marco debe articular de manera integrada un ancla macrofiscal y cambiaria que encuadre el sinceramiento de precios; una reforma profunda de la gobernanza de YPFB y del ecosistema regulatorio que prevenga posiciones dominantes, fortalezca la competencia y resguarde la titularidad estatal de los recursos; así como un programa plurianual de reconversión laboral y territorial para el personal desplazado de empresas estratégicas como YPFB y ENDE, acompañado de un sistema de incentivos transparentes, formación para cadenas energéticas emergentes y apoyo a la movilidad productiva. Para alinear inversiones y riesgos a lo largo de la cadena energética, el diseño de incentivos deberá hacer atractiva la reposición de reservas al tiempo que acelere la expansión de energías renovables y la electrificación de usos finales; ello puede requerir, previa evaluación técnica, la actualización del marco jurídico mediante una nueva ley de hidrocarburos que modernice reglas de acceso a infraestructura, formación de precios y distribución de riesgos bajo estándares de transparencia y control público.

Articulado con el reposicionamiento de Bolivia como corredor de gas y energía a través de un uso estratégico de su red de transporte, este pacto convierte la combinación de cierres selectivos, desvinculaciones y reconfiguración operativa en el núcleo de un nuevo contrato social energético capaz de alinear expectativas, distribuir de forma anticipada costos y beneficios y generar resultados verificables en el corto y mediano plazo. Cuando esta arquitectura se implementa a destiempo o sin una secuencia coherente, las mismas medidas se degradan en un ajuste de emergencia con escaso margen macroeconómico, menor capacidad de compensación social y elevada probabilidad de reversión, perpetuando una gestión reactiva de crisis en lugar de una transformación estructural acorde con la era posabundancia gasífera.